En estado de naturaleza los seres humanos gozamos de completa libertad, pero renunciamos a esa libertad en beneficio de un orden artificial: el Estado o poder político. El origen y el propósito del Estado son explicados por el contrato social, una hipótesis que además explica la autoridad política, el orden social y el propósito de los derechos humanos.
El contrato social
Por contrato social entendemos el pacto que hacemos los individuos, por el que, de forma tácita o expresa, acordamos renunciar a nuestros derechos naturales, para constituirnos en sujetos de derechos civiles. Mediante el pacto nos organizamos en una sociedad y fundamos la autoridad pública. En otras palabras, nosotros el pueblo creamos el poder político.
Cedemos la libertad para salvar la vida
Según Thomas Hobbes, la autoridad política y el orden social surgen porque la crueldad y la brutalidad, que los seres humanos podemos infligirnos entre nosotros, hace necesario un Estado fuerte que nos proteja de lo peor que hay en nosotros.
En consecuencia, el contrato social viene a significar la renuncia al poder personal. Esto es, abandonar la libertad de la que dispondríamos en estado de naturaleza, por voluntad propia, a cambio de seguridad y orden. Esto, a su vez, permite el establecimiento de un poder mayor (el Estado) para hacer cumplir el contrato, el cual es reconocido por todos.
Renunciamos voluntariamente al derecho de gobernarnos a nosotros mismos y se lo entregamos a un poder absoluto a cambio de vivir en paz y sin miedo. Así estamos de acuerdo con aceptar unas normas morales, unas leyes y la existencia de una autoridad.
Determinamos la forma de gobierno
Para Samuel Pufendorf, el nacimiento de un Estado no ocurre en un solo momento, ocurre a través de un proceso por pasos. Él plantea que el consentimiento se divide en dos pactos distintos y un decreto intermedio, lo que permite equilibrar la necesidad de un gobierno fuerte (como quería Hobbes) con la defensa de los derechos del pueblo (como quería Locke).
Primero nos constituimos como pueblo, antes que el gobernante. Por tanto, es como individuos unidos que establecemos las condiciones que regulan la función del gobernante.
Como pueblo determinamos la forma de gobierno, y sólo mediante el poder del colectivo podemos alcanzar la seguridad para todos los ciudadanos.
Nos unimos para proteger lo que ya es nuestro
Para John Locke, la decisión de vivir en sociedad no nace del miedo a destruirnos (como decía Hobbes), nace del deseo de perfeccionar y proteger una vida que ya es buena, pero que corre riesgos al no tener reglas claras.
Por eso, nos unimos en una sociedad porque queremos proteger nuestras vidas, nuestras libertades y nuestras propiedades.
Ahora bien, el contrato social es temporal y depende del buen desempeño del Estado, entendido éste como servidor del pueblo. Cuando el Estado excede su autoridad viola los acuerdos del contrato, y entonces no merece el apoyo de la gente.
Siempre podemos recuperar la libertad perdida
«El hombre ha nacido libre y, sin embargo por todas partes se encuentra encadenado», de esta manera Rousseau sintetiza una de las tensiones más antiguas y complejas de nuestra historia, esto es, la relación entre el poder del Estado y nuestra libertad. Para Jean-Jacques Rousseau, la libertad no es solo un derecho, también es la esencia misma de lo que nos hace humanos.
En el núcleo de esta tensión yace el principio del consentimiento de los gobernados, una premisa política que establece que un gobierno solo es legítimo si cuenta con el respaldo y la aprobación de su pueblo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el soberano transforma su mandato en un ejercicio de opresión? Frente a los gobiernos despóticos, el consentimiento deja de ser un acuerdo mutuo y se convierte en una simulación impuesta por la fuerza y el miedo.
La exclusión o la pérdida de este consentimiento no solo despoja al tirano de su legitimidad moral, también restituye en los ciudadanos el derecho inalienable a la resistencia, la revolución y la búsqueda de una verdadera libertad colectiva.
Como seres sociales debemos encontrar una forma de asociación que nos defienda y proteja de toda fuerza común. El contrato social ordena nuestra vida social exaltando la soberanía popular, y apelando al carácter constitutivamente moral de la sociedad. Este pacto social encierra la «voluntad general» (volonté générale) como única instancia capaz de generar derecho. En palabras sencillas, las leyes están sujetas a la voluntad de la mayoría.
La denuncia: un contrato a medias
Para Mary Wollstonecraft, el contrato social de su época tenía una trampa gigantesca: decía hablar de «toda la humanidad», pero excluía deliberadamente a la mitad de la población, las mujeres. Para ella, la tiranía no solo existe en los gobiernos, también existe dentro de los hogares a través del patriarcado.
Su gran lección es que el verdadero consentimiento no puede fundarse en la exclusión. Una sociedad que lucha contra un gobierno despótico pero mantiene a las mujeres sometidas, solo está cambiando un tirano público por millones de tiranos privados.
Aceptamos los principios de la justicia para nuestro propio bien
Por otra parte, John Rawls explica que la sociedad supone, por un lado, conflicto constante de intereses y, por el otro, voluntad de mantener los principios de la justicia.
Estos principios los aceptamos para mantener la sociedad. Pero no son el resultado de un pacto inicial, más bien, es el resultado de una posición inicial. Aceptamos estos principios como hombres libres para nuestro propio bien.
Los dos principios de justicia dicen así:
1. Toda persona tiene igual derecho a un régimen plenamente suficiente de libertades básicas iguales, que sea compatible con un régimen similar de libertades para todos.
― John Rawls, Sobre las libertades
2. Las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer dos condiciones. Primero, deben estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en las condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades; y, segundo, deben procurar el máximo beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad.
De esta manera, como pueblo creamos el poder político y aceptamos los principios de la justicia.
Tenemos derechos y deberes
Lo que llamamos Constitución Política es la expresión normativa del contrato social, allí quedan consignados los alcances, límites y formas del ejercicio del poder, así como nuestros derechos y deberes como ciudadanos, dentro de un marco de principios y valores comunes.
La Constitución debe expresar la voluntad general, ésta constituye el bien común y se construye mediante plebiscito directo.
El hilo invisible de la autoridad
El análisis del pensamiento político clásico y sus críticas sociológicas nos demuestra que el consentimiento de los gobernados jamás debe entenderse como un cheque en blanco o una renuncia irrevocable. Mientras que posturas radicales como la de Thomas Hobbes justifican el absolutismo bajo la promesa de la supervivencia, la historia y la filosofía posterior, desde la resistencia de Locke hasta la exigencia de inclusión de Wollstonecraft, han demostrado que un orden cimentado sobre el miedo y la exclusión carece de una base ética real.
Cuando un régimen cruza la línea hacia el despotismo, no solo destruye el segundo pacto de confianza del que hablaba Pufendorf, también disuelve los cimientos de su propia autoridad. Ninguna estructura de opresión, por más sofisticada que parezca en su control o en sus farsas electorales, puede anular la verdad fundamental de que el poder político es un préstamo temporal del pueblo.
Semillas de reflexión
El consentimiento es un acto libre, condicionado y revocable, y constituye la defensa más sólida de la dignidad humana. Cuando la tiranía rompe el pacto social, la soberanía no desaparece, simplemente regresa a su origen legítimo, recordando al mundo que la última palabra sobre el destino de una nación siempre le pertenece a sus ciudadanos.
Los términos del contrato pueden ser cambiados si así lo deseamos. Porque el contrato social es un acuerdo en el que se deben respetar nuestros derechos naturales, la vida y la propiedad. Si ese no es el caso, tenemos la obligación de rebelarnos contra el gobierno y anular el acuerdo.
En el Estado democrático como lo conocemos hoy día, la soberanía se encuentra en el pueblo y la autoridad está en la mayoría: NOSOTROS EL PUEBLO.