Ética y ciudadanía frente a la desigualdad
Del sálvese quien pueda al bien común, esa es la encrucijada ética y ciudadana frente a la desigualdad. La pregunta de fondo es fácil de comprender: ¿existe la sociedad para nosotros, o existimos nosotros para la sociedad? Si la sociedad es más importante que nosotros, entonces sólo somos simples instrumentos de la sociedad y no tenemos ningún valor como individuos, podemos ser utilizados y desechados. Pero, si la sociedad existe para nosotros, su función es dar sentido y dignidad a nuestra existencia.
Este dilema está en el corazón de la crisis contemporánea, ¿vivimos en comunidades que reconocen nuestro valor como personas, o en sistemas que nos reducen a engranajes de la economía? La respuesta define la justicia de nuestras instituciones y la confianza que depositamos en ellas.
Este artículo explora esa encrucijada, cómo la desigualdad debilita nuestras instituciones, qué papel tienen las empresas en la justicia social y por qué necesitamos pasar del sálvese quien pueda al compromiso colectivo.
La desigualdad es principalmente una cuestión de justicia
Cuando hablamos de desigualdad, lo primero que pensamos es que se trata de un problema de estrategia económica o política, y muchos pasamos por alto que es una cuestión de justicia.
Se dice que la pobreza tiene un gran impacto económico y político, porque las personas que no trabajan no producen y los ciudadanos que se encuentran en la miseria no participan, y que hay, pues, una relación virtuosa entre la reducción de la pobreza y la mejora de la distribución, por una parte, y el crecimiento económico. Pero la cuestión no es sólo de estrategia y de prudencia, sino de justicia: el derecho a una vida sin pobreza es un derecho de las personas al que corresponde el deber de las sociedades de procurarles los medios para satisfacerlo. Esto es lo que se sigue del reconocimiento de que los seres humanos tienen dignidad, y no un simple precio.
— Adela Cortina, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia
La justicia es tanto la virtud personal que rige nuestras relaciones con otras personas como el valor social que rige el ordenamiento de lo público y lo social. Como valor social la justicia significa distribuir equitativamente tanto las cargas como los beneficios sociales. Significa igualdad de todos los ciudadanos ante la ley en la aplicación de la justicia entendida como procedimiento judicial. Y significa los criterios con que procedemos a distribuir los bienes sociales, y aquí la discusión está abierta si se distribuyen según el esfuerzo, la colaboración, la necesidad o el mérito.
¿Qué tan justos somos?
Es muy difícil encontrar a una persona que no esté de acuerdo con la idea de justicia, pero la verdad incómoda es que, aunque estamos intelectualmente comprometidos con la idea de justicia, no tratamos a todos de manera justa, nuestro trato cambia según la clase social de las personas.
Es el pobre, el áporos, el que molesta, incluso el de la propia familia, porque se vive al pariente pobre como una vergüenza que no conviene airear, mientras que es un placer presumir del pariente triunfador, bien situado en el mundo académico, político, artístico o en el de los negocios. Es la fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, a las razas y a aquellas etnias que habitualmente no tienen recursos y, por lo tanto, no pueden ofrecer nada, o parece que no pueden hacerlo.
— Adela Cortina, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia
Llevamos milenios sin poder resolver nuestros problemas de justicia social, porque pasamos por encima, sin pena ni gloria, como si el problema fuera de otros y no nuestro.
Ahora bien, nuestro propio bienestar y el bienestar de otros son el fundamento de la justicia, qué tan justos somos ¿si los beneficios recaen en unas personas y las cargas en otras? y ¿si estamos convencidos que las desgracias de otras personas no son nuestro problema y nos sentimos libres de ignorarlas?
Le echamos la culpa al pobre por ser pobre
En la sociedad actual cada persona debe salir adelante por su propio esfuerzo, esto significa obtener la educación suficiente que nos permita conseguir y conservar un buen trabajo, alcanzar una estabilidad económica y estatus social. Igualmente, si las cosas no salen bien, perdemos el empleo, nuestro hogar o tenemos hambre, debemos buscar en nosotros mismos las explicaciones y las soluciones, porque en este sistema cada uno de nosotros es responsable por sus logros y fracasos.
Es un hecho que dirigimos la atención hacia nosotros mismos y nos preocupamos por nuestro propio bienestar, pero ¿qué pasa con el bienestar de los demás? o ¿qué pasa con el propio bienestar cuando nuestro esfuerzo no es suficiente? Mientras que a algunas personas les sobra todo en exceso y tienen prestigio y poder, otras mendigan para comer o mueren de frío y enfermedades en las calles.
Desde pequeños escuchamos que hay igualdad de oportunidades y que es nuestra decisión cómo hacemos uso de esas oportunidades, pero ¿es verdad que todos tenemos las mismas oportunidades?
¿Cuánto valemos?
Andrew Leigh, en su libro Battlers and Billionaires: The Updated Story of Inequality in Australia, dice que es natural que las personas nos comparemos con quienes nos rodean, porque «así es como descubrimos lo que valemos».
Aunque Colombia sigue siendo un país próspero, la desigualdad está en un nivel muy alto, precisamente, porque esa riqueza está cada vez más concentrada. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló en su último informe, Pobreza Monetaria 2024, los datos vinculados con la pobreza y las clases sociales en Colombia. Aquí encontramos que el 31,8% de la población se encuentra en situación de pobreza. El 30,5% de los individuos están en condiciones de vulnerabilidad. El 34,4% de las personas pertenecen a la clase media y el 3,3% integran la clase alta. En cuanto a la riqueza, el 10% más rico de los colombianos posee el 71% de la riqueza nacional.
Entonces, si nos comparamos ¿cuánto valemos los colombianos? Hoy, una persona situada en el uno por ciento más alto de ingresos puede obtener en apenas quince días lo que alguien del cinco por ciento más bajo alcanza en todo un año. Esta desproporción no es solo un dato económico, es una herida social. La desigualdad excesiva daña cualquier comunidad porque hiere nuestro sentido de justicia. Quienes tienen menos recursos quedan rezagados, luchando por alcanzar un nivel de vida digno y por participar plenamente en la sociedad. El resultado es una fractura que divide y debilita nuestro tejido social.
Los pobres tienen derecho a salir de la pobreza
Durante mucho tiempo, la economía colombiana se sostuvo en una promesa sencilla: trabaja con esfuerzo, cumple las reglas y tendrás una oportunidad justa de progresar. Esa idea no solo impulsó el crecimiento económico, también dio legitimidad moral al sistema, transmitiendo la confianza de que, aunque los resultados fueran desiguales, serían en general merecidos y las instituciones funcionarían en beneficio de la mayoría.
Hoy, sin embargo, esa promesa es un tiro al aire y, precisamente, porque nuestros esfuerzos no producen resultados, está mandada a recoger. Muchos colombianos, especialmente jóvenes sin respaldo de riqueza familiar, enfrentan un panorama difícil, vemos como el costo de vida aumenta, los salarios permanecen estancados y la vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable. Lo que antes entendíamos como una sociedad de juego justo ahora la percibimos como un sistema que premia a quienes ya poseen más.
Este no es únicamente un problema económico. Es, en su esencia más profunda, una cuestión ética y democrática. También representa un desafío para las empresas, incluso si algunas prefieren no reconocerlo. La desigualdad afecta a quienes la padecen directamente, pero, también erosiona la confianza en las instituciones y debilita la cohesión social.
Cómo la democracia se convierte en mercado
Lo primero que debemos comprender es que la desigualdad es un fenómeno global con particularidades regionales. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos gobiernos impulsaron cambios profundos en sus políticas para asegurar sociedades más justas y cohesionadas. El objetivo era evitar que se repitiera el auge de dictaduras como las de Alemania e Italia, donde las democracias habían sido reemplazadas por regímenes fascistas. En ese proceso de reconstrucción, se fortalecieron la sanidad, la educación y los sistemas de bienestar, buscando equilibrar las desigualdades que el mercado generaba en la distribución de la riqueza.
A partir de los años 80, sin embargo, el escenario cambió. La globalización financiera, alimentada por los petrodólares, permitió a las grandes empresas desplazar el protagonismo hacia las fuerzas del mercado y reducir el alcance de los gobiernos. Los efectos no tardaron en aparecer, el neoliberalismo trajo consigo recortes en los objetivos sociales y en la financiación pública. Al mismo tiempo, en muchos países, incluida Colombia, comenzó a crecer la desconfianza hacia la democracia, reflejo de un sistema que parecía alejarse de la justicia social que había inspirado la reconstrucción de la posguerra.
Como señala André Gunder Frank (1966), el neoliberalismo puede entenderse como un desarrollo del subdesarrollo, porque consolida dependencia y desigualdad estructural.
La erosión de la confianza ciudadana
Más de tres décadas de cambios en las políticas públicas, incluida la crisis financiera global de 2008, originada en los mercados, siguen dejando huellas negativas en la gobernanza democrática y en la confianza ciudadana a escala global. Medidas como una distribución injusta de impuestos que favorece a empresas y sectores acomodados, junto con la privatización de servicios esenciales, han debilitado la idea de que el Estado protege a la comunidad. La promesa de que la competencia privada generaría beneficios para todos nunca se cumplió, ni hubo «riqueza de goteo» ni bajaron los precios de los servicios.
Honestamente, no sé si alguna vez hemos sido tratados como ciudadanos con derechos, pero, desde hace décadas, somos tratados como simples clientes de lo que alguna vez fueron bienes públicos. El resultado es un sistema menos eficiente y más desigual, que prioriza el crecimiento económico y las ganancias por encima de las necesidades de la sociedad.
La dificultad para encontrar empleo, el estancamiento de los salarios y el encarecimiento de servicios básicos alimentan un sentimiento creciente de frustración. No sorprende, entonces, que en democracias como la nuestra haya aumentado la percepción de que no se puede confiar en quienes gobiernan. Este terreno fértil ha sido aprovechado por líderes autoritarios que, bajo la figura del hombre fuerte, socavan la democracia y alimentan la violencia.
La desigualdad tiene rostro humano
Os Retirantes de Cándido Portinari, expone con crudeza el desarraigo de una familia campesina desplazada del nordeste brasileño debido a la sequía, pobreza y hambre. Bajo un sol implacable, los cuerpos exhaustos y las miradas vacías revelan la dignidad herida de quienes cargan con el peso de la injusticia. La obra, conservada en el Museu de Arte de São Paulo (MASP), se convierte en símbolo de la desigualdad que atraviesa nuestras sociedades.
Responsabilidad empresarial frente a la justicia social
La desigualdad no solo separa ingresos y bienes, también redefine la manera en que juzgamos si un sistema es justo. Cuando los resultados parecen amañados y las oportunidades dejan de ser genuinas, la confianza comienza a desmoronarse. Hoy esa fractura es visible en Colombia. Día a día más personas sentimos que la economía está diseñada para beneficiar a las élites, mientras quienes toman decisiones parecen cada vez más alejados de las realidades cotidianas.
Aunque la estabilidad política y la justicia económica suelen considerarse asuntos propios del gobierno, también representan un desafío profundo para las empresas. El aumento de la desigualdad de ingresos genera daños sociales graves y, además, debilita la economía. Cuando los recursos y el poder se concentran en pocas manos, o cuando la pobreza impide que las personas participen plenamente en el trabajo remunerado y en la adquisición de nuevas habilidades, el crecimiento económico se reduce.
¿Pueden las empresas colombianas permitirse ignorar la desigualdad? La respuesta es un no rotundo. Las empresas no pueden asumir inmunidad frente a este problema. Ignorar la desigualdad significa convivir con un entorno social más frágil, menos productivo y con menor confianza. Reconocerlo y actuar es una condición para construir un país donde la economía y la democracia se fortalezcan mutuamente.
Como señala Antonio Herrera Cabanillas en Revista Economía (2025), «la empresa no puede permanecer como espectadora frente a la desigualdad, debe transitar hacia un modelo inclusivo que genere valor compartido».
El espejismo del goteo económico
Una respuesta frecuente sostiene que el papel de las empresas es impulsar el crecimiento económico, no redistribuir. Se afirma que, si invierten, innovan y crean valor, la prosperidad terminará compartiéndose. La cuestión es que, aunque el crecimiento económico es necesario, no es suficiente. Porque cuando ese crecimiento se distribuye de manera desigual, termina socavando sus propios cimientos. La desigualdad reduce la demanda, limita la movilidad social, debilita el capital humano y disminuye la base de talento futuro indispensable para la innovación. Además, puede generar inestabilidad política que interrumpe la inversión.
Más aún, la idea de que el crecimiento por sí solo resolverá la desigualdad descansa en la promesa de que los beneficios se filtrarán con el tiempo. Pero la experiencia nos ha demostrado lo contrario. El argumento de «hacer crecer el pastel» tiene límites.
El resultado es una duda creciente sobre si se puede confiar en el propio sistema. Cuando la prosperidad se concentra en unos pocos y la mayoría queda excluida, el crecimiento deja de ser un motor de confianza y se convierte en un factor de deslegitimación.
El riesgo empresarial de ignorar la desigualdad
Es fácil pensar que la desigualdad es un asunto exclusivo del gobierno. Sin duda, la política pública es crucial, pero esa visión pasa por alto cómo las decisiones cotidianas de las empresas influyen directamente en los resultados económicos.
Las compañías determinan salarios, condiciones laborales, remuneraciones ejecutivas, cadenas de suministro y precios. También deciden quién se beneficia de las ganancias de productividad, incluidas las que provienen del cambio tecnológico. En un sentido más amplio, las empresas ayudan a definir las normas de la vida económica, esto es, qué se considera justo, qué se recompensa y qué se ignora.
Por eso la desigualdad no es externa al mundo empresarial. Se produce dentro de él y, muchas veces, se justifica desde él. Además, está transformando la manera en que las generaciones jóvenes perciben el sistema. Para muchos, la desigualdad se ha convertido en una prueba de si la vida económica es justa y si realmente merece la pena confiar en ella.
A medida que la desigualdad aumenta, también crecen los riesgos para las empresas, porque disminuye la confianza, se intensifica la presión regulatoria, se debilita el compromiso laboral y se agudiza la inestabilidad política. Por tanto, enfrentar la desigualdad no es solo un imperativo ético. Es una condición para la viabilidad a largo plazo de las empresas y del sistema económico en su conjunto.
Cuando la neutralidad se convierte en consentimiento
Si la desigualdad es tanto un problema ético como un riesgo sistémico, la pregunta es qué deberían hacer las empresas y sus líderes. No se trata de pedir que las corporaciones sustituyan al gobierno ni que resuelvan solas la desigualdad. Pero la neutralidad, en este contexto, equivale a consentimiento.
La responsabilidad comienza reconociendo que la manera en que se crea y distribuye el valor importa. Implica hacerse preguntas difíciles sobre salarios, seguridad laboral y el equilibrio entre los beneficios para los accionistas y los resultados sociales más amplios. También exige que los líderes empresariales participen de forma constructiva en debates políticos sobre vivienda, fiscalidad y reforma económica, y que lo hagan pensando en el bien común, no solo en sus balances.
Por último, requiere replantear qué entendemos por éxito. Un negocio altamente rentable en una sociedad profundamente desigual no puede asumir que su legitimidad está asegurada ni que su licencia social seguirá intacta. Tomarse en serio la desigualdad no es un argumento contra la competitividad ni contra el beneficio, sino contra la idea de perseguirlos aislados de las condiciones políticas y sociales que los hacen posibles.
De lo contrario, el lucro explotador se convierte en buen negocio y la ética empresarial se reduce a una cultura donde el egoísmo se celebra como virtud.
La hora de la responsabilidad compartida
A nivel mundial, la creciente desigualdad y la pérdida de confianza han creado terreno fértil para el populismo autoritario. El descontento económico se canaliza con facilidad hacia el resentimiento, la división y la hostilidad contra las instituciones.
Como señala el informe de IESE Insight (Empresa y desigualdad, 2024), la desigualdad «excluye a segmentos de la sociedad y alimenta movimientos populistas», lo que amenaza la cohesión social y la estabilidad democrática.
Colombia vive hoy un punto de inflexión. La relación entre empresas, economía y democracia está bajo presión. La desigualdad no es el único factor, pero sí uno central.
Para los líderes empresariales, la cuestión ya no es si la desigualdad importa, sino qué papel están dispuestos a desempeñar para enfrentarla. Este es un momento para el liderazgo, no para el simple cumplimiento. Exige reconocer que el éxito económico, la prosperidad compartida y la legitimidad social están profundamente entrelazados.
Una economía más justa y segura no surgirá por accidente. Dependerá de la política, de las instituciones y de las decisiones de quienes tienen el poder de influir en ellas. Los líderes políticos y los líderes empresariales poseen ese poder. La pregunta es si están dispuestos a usarlo de manera responsable.
Del sálvese quien pueda al bien común
¿Todos para uno y uno para todos o sálvese cada uno como pueda? En la vida natural, la vida salvaje, cada cual busca salvarse como pueda. En la vida regida por la razón, la vida civilizada, el ideal es que todos cuidemos de todos. La sociedad existe para nosotros y su función es dar sentido y dignidad a nuestra existencia.
La comunidad política tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de los pobres a salir de la pobreza. Pero también depende de nosotros, el pueblo: necesitamos políticas que fijen objetivos sociales, reparen el daño ambiental y construyan justicia y bienestar duradero. Eso implica detener la privatización de servicios comunitarios, reformar un sistema de bienestar injusto, involucrar a las comunidades en la planificación de sus necesidades y establecer una fiscalidad más justa que redistribuya recursos.
La injusticia es la raíz de muchos de nuestros problemas. Hoy las políticas responden preferentemente a intereses empresariales y descuidan las necesidades de la comunidad. Por eso necesitamos cambios que devuelvan un sentido de justicia como servicios sociales sólidos, instituciones confiables y espacios donde las personas se sientan valoradas y escuchadas. Somos seres sociales y necesitamos seguridad y participación para vivir en sociedades verdaderamente civilizadas.
Conclusión
Reducir la desigualdad no es solo cuestión de riqueza, también exige objetivos económicos que integren valores de justicia y confianza. Mientras se nos trate como clientes de un sistema en decadencia y no como ciudadanos de un Estado Social de Derecho, la desconfianza seguirá creciendo.
Puede parecer radical, pero sustituir la codicia por justicia requiere optimismo y un cambio de paradigma. Es necesario salir del modelo neoliberal de competencia y recuperar un modelo de cooperación e inclusión, como el Estado de Bienestar que en los años sesenta y setenta demostró que la pobreza es evitable. También debemos dejar de culpabilizar al pobre y reactivar la compasión y la empatía, como propone Adela Cortina, para romper con las estructuras de desigualdad y fobia que aún persisten.
Este es un llamado a cuestionarnos éticamente como sociedad y como individuos, para dar respuesta a los graves problemas humanitarios de nuestro tiempo. La cuestión es si aceptamos seguir en un modelo de competencia que agudiza la pobreza, o si nos atrevemos a dar el paso hacia una ética de cooperación y ciudadanía.